Diálogo de los leones de las Cortes
Dice nuestra Constitución que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley. Pues no lo parece. Estos días, según qué medios e información, no justamente los que mueren de amores por el Gobierno, claman por la “dejación de sus funciones” (sic, escuchado o leído en varios medios) del Ministerio de Interior, haciendo referencia a las acampadas o protestas callejeras de los indignados. Ni voy a defender la algarada o la quiebra del orden y la obstaculización de la libre circulación de personas, políticos o no, ni voy a quebrar una lanza a favor de algún Ministerio. No son organismos de mi especial devoción. Yo voy por otro lado.
Voy por el lado de la defensa de la ley junto con la protección de las libertades individuales. También las sociales, no faltaba más. Opino que ambas cosas van juntas. Defender la ley es defender al ciudadano. Con una condición irrenunciable: la exigencia del cumplimiento de todas las leyes que atañan a cada ciudadano en cada situación. No vale exigir el respeto a las leyes solo cuando éstas se puedan imponer con y por la fuerza. Es el caso de la disolución a porrazos de ciertas manifestaciones no “permitidas”, ilegales, por tanto. Mientras otras leyes, incluso importantes para el funcionamiento del juego constitucional y político, se ignoran, se desprecian, se devalúan, incluso se dejan de cumplir impunemente.
No tiene fuerza moral ni jurídica el Estado para imponer por la fuerza pequeñas leyes o reglamentos, por ejemplo el preceptivo permiso administrativo para una manifestación o aglomeración callejera, mientras otras leyes se incumplen ominosamente. No se pueden alegar graves problemas de seguridad, que apelarían automáticamente a leyes de gran calado como la exigible protección del Estado de la seguridad e integridad de los ciudadanos, cuando todas las semanas, en los alrededores del Bernabeu o del Calderón, se concentran bastante más que los diez mil de Sol, y vemos cómo no pasa nada. No es tan importante el número de congregados como el comportamiento de los mismos. Suena a perogrullada, pero sirve, por lo menos, para compensar el gran número de las que nos quiere hacer engullir la Autoridad.
Hay leyes, digo, que no se pueden, o no se quieren, imponer por la fuerza. Ejemplo fragante: el Senado y el Parlamento, uno y otro, o los dos en comandita, llevan ¡tres (3)! años incumpliendo la importante ley de proveer, en los plazos marcados por la misma, el preceptivo reemplazo de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Con qué moral se puede exigir a porrazos a los ciudadanos que cumplan los reglamentos y las disposiciones, a veces venales, de la Autoridad? Con muy poca moral, y menos “autoritas”. Simplemente, con poder, el poder coercitivo de la fuerza y de las armas. (Iba ahora en el coche al médico por recetas, conectado en radio nacional. Un avance de España en directo anunciaba la concentración en el barrio de Tetuán, de Madrid, de un grupo numeroso de personas, convocado por una plataforma “Contra el abuso de la hipotecas”, o algo así, intentando obstaculizar el desalojo de un familia que no puede pagar al Banco, y exigiendo la posibilidad de pago por “dación”, o entrega de la casa hipotecada. ¡No me extraña nada lo de la “indignación”!).
Voy a dar una idea que el pueblo de Roma puso en práctica por la alta Edad Media, y que dio pie a la instauración del Conclave: igual que los romanos dejaron cerrados, “cum clave”, con llave, a los cardenales, a pan y agua, hasta que se pusieran de cuerdo en la elección de un Papa, se podría dejar así a los senadores y parlamentarios hasta que se eligieran y nombraran los magistrados del Constitucional. Y sin paga durante ese tiempo. Es decir, obligarlos a cumplir la ley, como se hace enérgicamente en la calle. Si alguien piensa que lo digo de broma o de coña, se equivoca. Va totalmente en serio. Así el pueblo aprendería, es decir, todos nosotros aprenderíamos, a respetar la ley.
Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara